El artículo analiza críticamente la decisión de crear una oficina propia para la presidenta electa Keiko Fujimori, señalando que esta medida representa un intento de escapar a los mecanismos institucionales y formales establecidos.

El autor cuestiona la transparencia de este espacio paralelo, destacando cómo en el pasado se han presentado situaciones similares con falta de claridad y supervisión.

Se mencionan ejemplos anteriores, como la oficina de Sarratea, donde se observaron problemas de opacidad y desalineación con los procesos democráticos.El texto advierte sobre los riesgos para la institucionalidad en un contexto donde la transparencia es fundamental para la confianza pública.

Además, se resalta la importancia de que las autoridades actúen dentro de marcos legales claros y participativos, evitando prácticas que puedan generar desconfianza o conflictos institucionales.