El artículo de opinión analiza el cierre de la instrucción judicial llevada a cabo por el juez Peinado en el denominado caso de Begoña Gómez, tras más de dos años de investigación.

Según el texto, el magistrado ha concluido su trabajo enviando el asunto a juicio, además de adoptar medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecencias periódicas ante el juzgado.

El autor sostiene que el desarrollo del procedimiento ha estado marcado por una instrucción irregular, en la que se habrían investigado y descartado sucesivamente distintos delitos sin la debida consistencia jurídica.

La pieza critica con dureza la actuación del juez, calificando el proceso como plagado de errores y decisiones discutibles, y sugiere que la forma en que se ha conducido la causa responde más a una lógica de confrontación política que estrictamente judicial.

En este sentido, el texto plantea que una parte de la ciudadanía puede percibir que el objetivo del procedimiento no se limita a la administración de justicia, sino que podría interpretarse como un intento de debilitar al Gobierno.

Asimismo, el artículo enmarca el caso en un contexto de creciente polarización política e institucional, donde las actuaciones judiciales adquieren una fuerte carga mediática y política.

El autor considera que la resolución del juez, lejos de cerrar el debate, refuerza las dudas sobre la imparcialidad y la corrección del proceso, alimentando la controversia pública en torno a la independencia de la justicia y su relación con el poder ejecutivo.