El artículo de opinión analiza la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el Partido Popular con apoyo de Vox, de habilitar parroquias como espacios de atención a víctimas de violencia de género.

La autora cuestiona duramente esta medida al considerar que la Iglesia católica, por sus principios y su estructura, resulta incompatible con un enfoque de protección integral hacia las mujeres.

Argumenta que la doctrina eclesiástica, basada en la indisolubilidad del matrimonio y en una concepción desigual de hombres y mujeres, entra en conflicto con las necesidades reales de las víctimas.

El texto también enmarca esta decisión dentro de una tendencia política más amplia, señalando otras medidas similares impulsadas por gobiernos conservadores, como la eliminación de puntos violeta o la creación de espacios “unisex”.

Según la autora, estas iniciativas reflejan un retroceso en las políticas de protección y una normalización del papel de instituciones religiosas en ámbitos que deberían ser estrictamente civiles.

Además, se establece una conexión histórica con prácticas del pasado, como el Patronato de Protección a la Mujer, donde órdenes religiosas gestionaban centros para jóvenes consideradas “desviadas”.

Se denuncia que algunas de estas estructuras y dinámicas persisten hoy en día mediante la gestión de recursos públicos destinados a mujeres vulnerables.

El artículo concluye alertando sobre la falta de reacción social ante estas decisiones y plantea que el problema no es nuevo, sino una continuidad de relaciones entre el Estado y la Iglesia que nunca se han cuestionado completamente.

La autora defiende que la atención a víctimas de violencia machista debe estar en manos de profesionales especializados y ajenos a instituciones que, en su opinión, perpetúan desigualdades estructurales.