El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, confirmó durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista que su gobierno no permitirá procesos electorales que puedan ser utilizados por la oposición para 'atrapar el poder'.

Esta declaración reafirma las acusaciones de autoritarismo y cierre de espacios democráticos en Nicaragua, tras la reforma constitucional de 2025 que amplió el periodo presidencial a seis años, creó la figura de la 'copresidenta' para Rosario Murillo y debilitó las garantías democráticas.

La medida fue condenada por organismos internacionales como la ONU, la OEA y Estados Unidos, que acusan al régimen de concentrar el poder y limitar la libertad electoral.

Ortega, quien ha gobernado desde 2007, profundiza su control sobre las instituciones, lo que refleja un modelo político criticado por organizaciones defensoras de derechos humanos como una amenaza a la democracia en el país.