El Gobierno de Aragón, en coalición con Vox y con el apoyo del Partido Popular, ha endurecido el protocolo para determinar la edad de jóvenes migrantes tutelados en centros de acogida.

El vicepresidente autonómico, Alejandro Nolasco (Vox), ha anunciado nuevas medidas que incluyen la realización de pruebas médicas de estimación de edad en casos en los que no exista certificado biológico, ampliando su aplicación a un mayor número de menores recién llegados.

Estas decisiones han generado una fuerte polémica política e institucional, especialmente tras la referencia a un caso en el que se habría solicitado una prueba forense a una niña de nueve años, algo que el Gobierno autonómico justifica como parte de un sistema para detectar posibles fraudes en la edad declarada de algunos migrantes.

Según la administración aragonesa, el objetivo es garantizar que los recursos de protección se destinen exclusivamente a quienes son realmente menores de edad y evitar la convivencia de adultos en centros de menores.

La medida ha sido respaldada por el presidente aragonés, Jorge Azcón (PP), aunque con matices, defendiendo la necesidad de realizar comprobaciones en casos de duda.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón ha criticado el enfoque, recordando que ya existe un protocolo regulado con intervención de la Fiscalía de Menores y cuestionando la extensión generalizada de estas pruebas, así como su coste y aplicación.

El debate ha reavivado la confrontación política sobre la gestión de la inmigración y la atención a menores no acompañados, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno autonómico y el Ejecutivo central sobre la legalidad, la proporcionalidad y el enfoque de estas medidas.