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La Asamblea Nacional de Ecuador vive un fuerte debate político y técnico por la reforma al mercado de valores, específicamente por los cambios introducidos al Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF).
La discusión se centra en la posibilidad de trasladar parte de las operaciones estatales hacia un mercado extrabursátil, donde los instrumentos financieros se negocian directamente sin la intermediación de bolsas de valores tradicionales.
El oficialismo defiende la propuesta argumentando que el Estado podría reducir el pago de comisiones a casas de valores privadas y optimizar recursos públicos mediante la creación de su propia plataforma de negociación.Sostienen además que la reforma busca modernizar el sistema financiero, mejorar la eficiencia y fortalecer la regulación del mercado.
Sin embargo, la oposición conformada por bloques como Revolución Ciudadana, Pachakutik y el Partido Social Cristiano cuestiona la inclusión de estas reformas, señalando que no formaban parte de los proyectos originales y que podrían responder a compromisos internacionales.
También advierten riesgos de pérdida de transparencia, debilitamiento de la referencia pública de precios y posible dispersión de las operaciones financieras.
Gremios bursátiles como las bolsas de valores de Quito y Guayaquil y asociaciones del sector han expresado preocupación por la falta de trazabilidad y el peligro de una competencia desigual si la banca privada asume funciones de intermediación sin las mismas reglas que las casas de valores.
Entre las alertas más fuertes se encuentran los riesgos de menor control en las operaciones, posibles fallas en la formación de precios y vulnerabilidades frente al lavado de activos.
Mientras el oficialismo insiste en que la reforma incluye controles antilavado y mayor regulación, la oposición exige un debate separado y más técnico.El proyecto fue devuelto a comisión para su análisis en segundo debate.
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