Según una información publicada a partir de reportes del New York Times y recogida por The New Republic, la administración de Donald Trump habría debatido internamente la posibilidad de suspender el derecho constitucional de habeas corpus en el contexto de su política de deportaciones masivas.

Este derecho obliga al Gobierno a justificar ante un tribunal la detención de cualquier persona, y su eliminación o suspensión supondría una alteración grave de las garantías legales básicas en Estados Unidos.

El principal impulsor de esta idea habría sido Stephen Miller, uno de los principales asesores de la Casa Blanca, que buscaba acelerar las expulsiones de inmigrantes evitando la intervención de los tribunales federales.

Sin embargo, otros miembros del equipo presidencial habrían mostrado una fuerte oposición, argumentando que la medida carecía de base legal sólida y sería rápidamente bloqueada por los tribunales.

Entre los opositores internos destaca Will Scharf, asesor jurídico de la Casa Blanca, quien habría redactado varios memorandos advirtiendo de los riesgos de suspender el habeas corpus y de invocar la Insurrection Act, otra herramienta legal de carácter excepcional que permite el uso del ejército en territorio nacional.Scharf subrayó que su aplicación en el contexto de protestas migratorias sería sin precedentes y jurídicamente muy vulnerable.

Aunque estas propuestas no llegaron a ejecutarse, el artículo sostiene que el equipo de Trump continuó explorando estrategias de fuerte impacto legal para llevar a cabo su política migratoria, lo que ha generado preocupación entre críticos que ven en estas ideas un intento de ampliar el poder ejecutivo a costa del control judicial.El debate refleja tensiones internas sobre los límites constitucionales del poder presidencial en materia de inmigración y seguridad interior.