La proliferación de alambradas, portones y cerramientos en el medio rural de Extremadura ha reavivado el debate sobre el acceso a los caminos públicos y la conservación del patrimonio territorial.

Diversas asociaciones senderistas, colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas denuncian desde hace años las dificultades que encuentran los ciudadanos para transitar libremente por determinadas rutas históricas, muchas de ellas vinculadas a vías pecuarias y antiguos corredores de comunicación.

En este contexto, el presidente del Club Universo Extremeño, Manuel Trinidad, ha compartido su preocupación tras recorrer un camino entre el Balneario de Fuentes del Trampal y Alcuéscar, donde observó un entorno completamente delimitado por vallas que restringen la movilidad.

Según recuerda, los caminos públicos son bienes de dominio público protegidos por la normativa, lo que implica que no pueden ser privatizados ni cerrados.Extremadura cuenta con una de las redes más extensas de España, con decenas de miles de kilómetros de caminos y más de 7.000 kilómetros de cañadas, cordeles y veredas históricas relacionadas con la trashumancia.

Sin embargo, la presencia de cerramientos ilegales o poco regulados dificulta su uso efectivo, a lo que se suma la lentitud administrativa para recuperar espacios ocupados.

Otro factor relevante es el peso de la actividad cinegética en la región, donde alrededor del 70 por ciento del territorio de Cáceres está integrado en cotos de caza.

Aunque la existencia de estos espacios no debería impedir el paso por caminos públicos, en la práctica genera confusión y conflictos entre usuarios y propietarios.

Las consecuencias van más allá del senderismo, afectando a la movilidad rural, el acceso a servicios básicos y el desarrollo del turismo rural, además de implicaciones culturales y patrimoniales.

Como soluciones, se proponen inventariar y señalizar adecuadamente los caminos, agilizar los procesos de deslinde y reforzar la vigilancia administrativa para garantizar su protección.