El artículo analiza una creciente percepción de deterioro institucional en España, centrada en dos problemas que el autor considera interrelacionados: la corrupción política estructural y un sistema judicial que no garantizaría la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Según el texto, una parte significativa de la sociedad percibe que las instituciones ya no actúan exclusivamente en defensa del interés general, sino que responden a dinámicas de poder, influencia y reparto de favores.

El artículo pone como ejemplo reciente una sentencia del Tribunal Supremo en el denominado Caso Mascarillas, en el que, pese a la existencia de indicios de delito contra Víctor de Aldama, este habría quedado en libertad tras colaborar con la justicia.

Para el autor, este tipo de resoluciones alimenta la idea de que existen distintos niveles de exigencia penal en función del perfil del investigado, lo que erosionaría la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema judicial.

De forma paralela, el texto sostiene que la corrupción en España no es un fenómeno aislado ni limitado a un único partido político, sino un problema recurrente y transversal que ha acompañado a distintos gobiernos.

Casos de financiación irregular, adjudicaciones dudosas o prácticas de puertas giratorias se presentan como síntomas de una enfermedad estructural del sistema político.

La combinación de ambos factores —corrupción persistente y percepción de justicia desigual— estaría generando un creciente descrédito institucional, mayor abstención electoral y desconfianza generalizada.

El artículo concluye que las reformas parciales no serían suficientes y propone un proceso constituyente amplio que permita rediseñar la justicia y las instituciones para garantizar mayor independencia, transparencia y rendición de cuentas.

En conjunto, el texto refleja una visión crítica sobre el estado actual de la democracia española y advierte de un posible desgaste irreversible si no se abordan reformas profundas.