En el Perú, más de un centenar de niñas y adolescentes gestantes o madres se encuentran bajo la tutela del Estado en Centros de Acogida Residencial (CAR), tras haber sido víctimas de violencia, abandono o desprotección familiar.

Según información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), al menos 112 menores permanecen en estos albergues distribuidos en varias regiones del país.Sin embargo, especialistas advierten que, pese a los protocolos existentes, persisten graves deficiencias en la atención integral que reciben.El informe señala vacíos importantes en salud sexual y reproductiva, atención psicológica y acompañamiento especializado.

Organizaciones como PROMSEX alertan que el Estado no garantiza adecuadamente el acceso a información completa sobre derechos reproductivos ni a servicios esenciales como salud mental o reintegración educativa.

Además, se critica la fragmentación institucional entre el MIMP y el Ministerio de Salud, lo que dificulta la aplicación efectiva de protocolos como el aprobado en la Resolución Directoral N.° 153-2023-MIMP/DGNNA.

Expertas como Susana Chávez y Paola Miranda sostienen que la institucionalización prolongada puede generar revictimización y agravar el impacto emocional en menores que ya han sufrido violencia sexual.También señalan que el sistema debería priorizar medidas de protección temporal y no convertir los albergues en soluciones permanentes.

El tema, además, permanece poco presente en el debate político, lo que evidencia una falta de propuestas concretas para mejorar la situación de estas menores bajo responsabilidad estatal.