La familia de una mujer de 84 años con alzhéimer, residente en el centro Bouco Carabanchel de Madrid, ha denunciado ante la Fiscalía Provincial al director de la residencia por ordenar su expulsión tras las quejas públicas sobre el funcionamiento del centro.

La denuncia, presentada junto a la plataforma Pladefma, sostiene que la decisión podría constituir un presunto delito de coacciones y que se trató de una represalia por las críticas del hijo de la residente hacia las deficiencias detectadas en la residencia.

Según el relato familiar, la mujer habría sufrido en un periodo de año y medio varios episodios graves dentro del centro, incluyendo dos traumatismos craneoencefálicos, dos fracturas en el mismo brazo, una brecha en la ceja y múltiples hematomas, hechos que respaldan con informes médicos y fotografías.

El conflicto se intensificó después de que el familiar distribuyera una nota informativa entre otros allegados de residentes, tras haber informado previamente a la dirección.

Poco después, la familia recibió un burofax notificando la expulsión definitiva de la usuaria y concediendo un plazo de 15 días para abandonar la residencia.

La medida fue finalmente paralizada tras la intervención de la Comunidad de Madrid y la repercusión mediática del caso, aunque los denunciantes consideran que el daño ya estaba hecho y que la intención era disuadir a otras familias de denunciar posibles irregularidades.

La familia invoca la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que solo contempla expulsiones en casos de infracciones muy graves, circunstancia que aseguran no concurría.

Por ello, solicitan a la Fiscalía que investigue los hechos, depure responsabilidades y se valore la apertura de sanciones administrativas, además de posibles medidas de inhabilitación del director del centro.