Diversas denuncias y declaraciones recientes han vuelto a poner en el centro del debate la situación de seguridad en la frontera entre Venezuela y Colombia, especialmente en el estado Zulia.

La periodista especializada en temas militares Sebastiana Barráez informó sobre una presunta incursión armada ocurrida el 10 de mayo de 2026 en Playa Socorro, municipio Jesús María Semprún, donde alrededor de 80 hombres armados habrían ingresado a la comunidad, sometido a sus habitantes y secuestrado a cinco personas que posteriormente fueron ejecutadas.Entre las víctimas identificadas se encuentran un juez de paz y varios residentes de la zona.

Las denuncias también cuestionan la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del gobierno venezolano, señalando retrasos y falta de información oficial ante hechos considerados graves por las comunidades fronterizas.

Barráez criticó que las autoridades reaccionaran varios días después y aseguró que existe preocupación por la libertad de acción de grupos armados irregulares en la región.

La controversia aumentó luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro afirmara que bombardeos realizados contra estructuras armadas en la frontera habrían sido coordinados con el gobierno venezolano.Estas declaraciones alimentaron dudas sobre el nivel de cooperación militar entre ambos países.

El reportaje también recuerda informes previos de Human Rights Watch y organizaciones de seguridad que describen la frontera colombo-venezolana como un corredor estratégico para grupos armados, narcotráfico y actividades criminales.

Habitantes de la zona denuncian años de violencia, desplazamientos y abandono institucional, mientras persisten interrogantes sobre quién controla realmente amplias áreas fronterizas.