Las autoridades de Medellín dieron a conocer un importante golpe contra una red criminal dedicada al fraude sistemático de servicios públicos, que habría generado pérdidas superiores a los 1,24 billones de pesos entre 2020 y 2025.

La investigación, desarrollada durante 16 meses en conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, permitió la ocupación con fines de extinción de dominio de 42 inmuebles, entre ellos 14 establecimientos hoteleros y 28 propiedades adicionales ubicadas en zonas estratégicas de la ciudad como Laureles, Belén, La Candelaria y Buenos Aires.

Según las autoridades, esta estructura delictiva operaba desde 2013 mediante la manipulación de medidores de energía, agua y gas, lo que les permitía evadir el pago real de los servicios públicos.

El esquema involucraba relaciones familiares, comerciales y societarias entre los propietarios de los inmuebles, lo que facilitaba la continuidad del fraude durante años sin ser detectado plenamente.

El impacto económico fue significativo, afectando la sostenibilidad de las empresas de servicios públicos y generando un desfalco anual estimado en más de 200.000 millones de pesos.

Además del perjuicio financiero, las autoridades advirtieron sobre los riesgos de seguridad asociados a estas conexiones ilegales, como incendios, fugas de gas e inundaciones.Los bienes incautados, valorados en aproximadamente 96.

000 millones de pesos, quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras avanza el proceso judicial de extinción de dominio.Las autoridades confirmaron que las investigaciones continúan para identificar otras posibles redes similares en la ciudad.