La Dirección General de Tránsito (DGT) identificó que varios acuerdos firmados entre municipalidades y autoridades de tránsito son inconstitucionales, al exceder las facultades establecidas en la Ley de Tránsito.Esta situación generó tensiones con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), que niega irregularidades.El Ministerio de Gobernación analiza un convenio estandarizado para armonizar normas, tras reformas legislativas de 2024.La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) también participa en la revisión de registros vehiculares.

Las autoridades municipales de tránsito fueron citadas para recibir lineamientos y evitar exceder los límites legales, con advertencias de posibles acciones penales contra quienes incumplan.

Este conflicto refleja desafíos en la coordinación entre niveles de gobierno y la necesidad de uniformizar regulaciones para garantizar seguridad vial y cumplimiento legal.