El Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, oficializado por Daniel Noboa, incluye medidas para fortalecer la inteligencia y supervisar a las ONG, generando alertas por posibles restricciones a la protesta social y la democracia.

Organizaciones indígenas, Human Rights Watch y expertos advierten que estas medidas podrían afectar las libertades civiles, mientras que otros analistas defienden su necesidad para combatir estructuras criminales.El documento, elaborado principalmente por militares, ha sido criticado por su falta de participación de la sociedad civil y su enfoque militarista.

Casos de vigilancia de agrupaciones sociales han sido denunciados, lo que alimenta el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales en Ecuador.