En Ecuador se debate una reforma a la Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción con el objetivo de reducir los extensos tiempos de espera que enfrentan miles de niñas, niños y adolescentes en situación de acogida.

Actualmente, muchos menores permanecen durante años en instituciones estatales debido a demoras en los procesos judiciales previos a la declaratoria de adoptabilidad, lo que ha generado preocupación en especialistas y autoridades.

El proyecto en discusión en la Asamblea Nacional plantea establecer plazos máximos para jueces y funcionarios, implementar una audiencia única simplificada y aplicar sanciones a quienes incumplan los tiempos establecidos, con la finalidad de hacer más eficiente el sistema sin vulnerar los derechos de los menores.

El legislador Jorge Chamba explicó que el principal cuello de botella no estaría en el MIES, sino en la justicia, y que la reforma busca reducir la incertidumbre legal que afecta tanto a los niños como a las familias adoptantes.

Sin embargo, también se han reportado casos problemáticos, como el de una madre adoptiva que denunció falta de información sobre el estado de salud de los menores asignados, situación que derivó en la devolución de los niños al sistema estatal.

Especialistas en psicología infantil advierten que la institucionalización prolongada puede generar efectos emocionales negativos en los menores, como dificultades para establecer vínculos afectivos, ansiedad y problemas de regulación emocional.

Señalan que, aunque los centros de acogida cumplen una función temporal de protección, los procesos deben ser más ágiles para evitar impactos en el desarrollo infantil.El debate legislativo continúa entre la necesidad de mayor rapidez y la obligación de garantizar controles adecuados para proteger a los menores.