Las educadoras infantiles de varias escuelas de gestión indirecta en Madrid han denunciado que el Ayuntamiento remitió a las empresas implicadas recursos de reposición presentados contra la prolongación de determinados contratos sin anonimizar los datos personales de las trabajadoras firmantes.

Según explica Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), las empresas podían ser informadas de los recursos por estar afectadas por ellos, pero considera que la identidad y los datos personales de las trabajadoras debían haberse protegido adecuadamente.

Las denunciantes aseguran que, tras conocerse su participación en estas iniciativas, algunas trabajadoras han sido citadas individualmente por responsables de los centros para preguntarles por su implicación o advertirles de posibles consecuencias derivadas de sus actuaciones.Desde la plataforma consideran que estas prácticas constituyen coacciones y denuncian un clima de presión en los centros educativos.

El conflicto se produce en el contexto de una huelga iniciada el 7 de abril por parte de las educadoras infantiles, quienes afirman encontrarse sobrecargadas de trabajo y en una situación laboral complicada.

Ante los hechos denunciados, los representantes legales de las trabajadoras están estudiando la posibilidad de emprender acciones judiciales relacionadas con una presunta vulneración de la normativa de protección de datos.La oposición municipal también ha reaccionado.

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, ha solicitado explicaciones al alcalde José Luis Martínez-Almeida para aclarar quién autorizó el envío de la documentación sin anonimizar, bajo qué criterios se realizó y cuántas personas podrían haberse visto afectadas.Asimismo, ha defendido el derecho de las trabajadoras a presentar recursos y ejercer su defensa sin sufrir represalias.