Dos organizaciones de derechos humanos denuncian que las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI) están bloqueando su capacidad para investigar los posibles crímenes de guerra en Gaza.

La demanda presentada por DAWN y Taxpayers Alliance Against Genocide ante un tribunal federal en Manhattan busca anular las restricciones que limitan su trabajo y su interacción con grupos palestinos.

El director ejecutivo de DAWN, Omar Shakir, criticó la política de Trump como una violación de derechos constitucionales y una forma de vigilar expresiones políticas en Estados Unidos.

La CPI, basada en La Haya, investiga denuncias de genocidio y crímenes de guerra en Gaza, donde se han emitido órdenes de arresto contra líderes israelíes.Estados Unidos y Israel no reconocen la autoridad de la CPI, y Trump acusó al tribunal de actuar contra intereses nacionales.Las sanciones también afectan a jueces, empleados de la CPI y activistas palestinos, generando temores de represión política.

El caso de James Fergie Chambers, detenido en España por donar millones a Palestina, refleja la creciente presión contra defensores de los derechos humanos bajo la administración Trump.