El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha vuelto a incluir a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, en su lista de personas sancionadas.

Esta decisión se produce apenas una semana después de que la propia administración estadounidense retirara temporalmente dichas sanciones, en cumplimiento de una orden judicial que consideraba que podían vulnerar la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., al afectar a la libertad de expresión de la funcionaria por sus críticas hacia Israel.

Sin embargo, un tribunal de apelaciones del circuito del Distrito de Columbia ha suspendido esa decisión judicial mediante medidas cautelares, lo que ha permitido al Ejecutivo restaurar las restricciones de forma inmediata mientras el proceso sigue su curso.

El caso forma parte de un litigio más amplio sobre la legalidad de las sanciones impuestas por la Administración Trump contra personas vinculadas o críticas con políticas relacionadas con el Tribunal Penal Internacional.

El juez de distrito Richard Leon había cuestionado duramente la medida, argumentando que se dirigía específicamente contra declaraciones de Albanese y que también podía afectar indirectamente a su familia.

A pesar de ello, el panel de apelación ha optado por mantener temporalmente las sanciones mientras revisa el fondo del asunto, dejando abierta la resolución definitiva del conflicto judicial.