El gobierno de Donald Trump en Estados Unidos está utilizando por primera vez en 30 años un tribunal especializado, el ATRC, para solicitar la deportación de inmigrantes etiquetados como "terroristas extranjeros".Este mecanismo permite actuar de forma rápida y en secreto, sin notificar a la persona afectada ni permitir acceso público a los documentos.La medida ha generado preocupación por posibles violaciones a la Constitución, ya que el proceso no garantiza el debido proceso.

El Departamento de Justicia tiene hasta el miércoles para presentar argumentos adicionales, aunque el tribunal ya mostró interés en revisar la solicitud.Esta acción se da tras múltiples fracasos del gobierno en casos de deportación por no respetar los procedimientos legales.Los expertos advierten que el uso indebido de este tribunal podría tener consecuencias constitucionales graves.