La Unión Europea decidió aplazar algunos plazos de implementación de su Ley de Inteligencia Artificial, especialmente en lo relacionado con los sistemas de alto riesgo.

Sin embargo, este cambio no implica una relajación real de la regulación, ya que gran parte de las obligaciones ya está en vigor y el marco general de la norma se mantiene intacto.

La ley establece un enfoque basado en el nivel de riesgo de los sistemas de IA, imponiendo mayores exigencias a aquellos que afectan derechos fundamentales, como algoritmos usados en selección de personal, evaluación crediticia, educación o seguridad pública.

Aunque ciertos plazos se extendieron hasta 2027 y 2028, muchas reglas ya están activas desde 2025, incluyendo prohibiciones de usos considerados inaceptables como el “social scoring”, la recolección masiva de rostros sin consentimiento o la manipulación de comportamientos.

También se exige alfabetización en IA dentro de las organizaciones y obligaciones estrictas de transparencia para modelos de propósito general como los chatbots avanzados.La normativa incluye sanciones significativas que pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global de una empresa.

El impacto no se limita a Europa, ya que cualquier empresa colombiana que opere en el mercado europeo o trabaje con clientes que lo hagan deberá cumplir estas reglas.

Además, el llamado “efecto Bruselas” puede extender estos estándares a cadenas de suministro globales, obligando a proveedores fuera de Europa a adaptarse.

En la práctica, esto convierte el cumplimiento en un requisito competitivo, donde la transparencia y la gestión responsable de la IA pueden marcar la diferencia en el mercado internacional.