En España está creciendo de forma notable la demanda de perros de razas consideradas guardianas o de trabajo, como el cane corso, el dóberman o el malinois.

Este fenómeno, impulsado en parte por la percepción de inseguridad y por su visibilidad en redes sociales, ha generado un mercado en expansión en el que estos animales pueden llegar a costar entre 2.000 y más de 15.000 euros según su pedigree y nivel de adiestramiento.

Criaderos especializados han confirmado un aumento sostenido de la demanda, en línea con tendencias similares observadas en otros países como Reino Unido o Estados Unidos.Sin embargo, la legislación española no distingue entre un perro de compañía convencional y uno entrenado para la protección.

Aunque la Ley de Bienestar Animal de 2023 obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil para todos los perros, no establece requisitos adicionales de formación o licencias específicas para razas grandes o potencialmente más peligrosas si no están en el listado oficial de perros potencialmente peligrosos.

Esto genera una situación en la que un animal con gran capacidad física y adiestramiento defensivo tiene las mismas obligaciones legales que un perro de tamaño pequeño.

El artículo también destaca que los datos de criminalidad en España muestran una tendencia a la baja en delitos como robos con fuerza en domicilios, lo que contrasta con la percepción social de inseguridad que alimenta esta tendencia.

Expertos señalan que esta percepción puede estar influida por la exposición mediática y el consumo de contenidos relacionados con crímenes o seguridad.Además, se advierte de los riesgos de una tenencia irresponsable, ya que un perro mal socializado o sin formación adecuada puede suponer un peligro.

El resultado es un mercado en crecimiento, rentable para criadores y adiestradores, pero con un debate abierto sobre la regulación, la responsabilidad del propietario y la diferencia entre percepción y datos reales de criminalidad.