El último pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha generado una fuerte polémica dentro de la judicatura progresista tras aprobarse un reparto de catorce nombramientos judiciales en el que el sector conservador obtuvo doce plazas frente a solo dos del bloque progresista.

La situación ha provocado críticas internas hacia algunos vocales progresistas que participaron en las negociaciones del acuerdo, al considerar que realizaron demasiadas concesiones al sector conservador sin lograr contrapartidas relevantes.Entre los negociadores señalados se encuentran María Esther Erice Martínez, José María Fernández Seijo y Ricardo Bodas Martín.

Diversas fuentes judiciales consideran que el pacto ha supuesto la pérdida de espacios históricamente vinculados a magistrados progresistas, especialmente en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presidida desde 1995 por jueces identificados con esta sensibilidad.

Uno de los asuntos que más tensión ha generado ha sido la exclusión del magistrado José Ricardo de Prada de una plaza en la Sala Quinta del Tribunal Supremo.

Parte del sector progresista aceptó finalmente el veto planteado por los vocales conservadores contra el juez, conocido por su participación en el caso Gürtel y por citar como testigo al expresidente Mariano Rajoy.Las plazas adjudicadas incluyen magistraturas del Tribunal Supremo, presidencias de Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales.

El malestar también se ha extendido a asociaciones judiciales progresistas como Jueces y Juezas para la Democracia, que apoyaban algunas de las candidaturas descartadas.Otros vocales progresistas, como Carlos Hugo Preciado, mantuvieron durante la votación su apoyo a los candidatos afines a este sector.

Diversas voces dentro de la judicatura advierten de que la estrategia negociadora seguida en los últimos meses puede agravar la división interna en el bloque progresista del CGPJ.