El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Ecuador, una de las instituciones con mayor nivel de desaprobación ciudadana, se encuentra en proceso de renovación pese a su historial de escándalos, cuestionamientos y bloqueos institucionales.

Según datos citados en el texto, el organismo registra alrededor de un 71% de desaprobación, pero aun así ha despertado un interés récord con 309 postulantes que buscan ocupar sus siete vocalías, más del doble que en procesos anteriores.Creado por la Constitución de Montecristi en 2008, el CPCCS ha sido objeto de múltiples controversias a lo largo de sus 17 años de existencia.

Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de su expresidente José Carlos Tuárez, conocido como el ‘cura Tuárez’, quien fue destituido y sentenciado por asociación ilícita tras denuncias de venta de cargos públicos a cambio de dinero, esmeraldas y oro.

El texto también menciona a Mario Godoy, designado en 2025 como presidente del Consejo de la Judicatura, quien enfrenta investigaciones por presuntos delitos como delincuencia organizada, fraude procesal y tráfico de influencias.

Además de los escándalos, el CPCCS ha sido criticado por la paralización de concursos clave para la designación de autoridades de control, como el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General del Estado, lo que ha generado prolongadas situaciones de interinazgo institucional.

Pese a varios intentos fallidos de eliminarlo o reformarlo, la institución ha sobrevivido debido a su capacidad de influir en el nombramiento de organismos estratégicos del Estado.En este contexto, su renovación vuelve a abrir el debate sobre su rol, su legitimidad y su impacto en la estructura de control del poder en Ecuador.