La columna analiza el debate sobre el cuidado de personas dependientes en Colombia y cuestiona que esta responsabilidad siga recayendo principalmente en las familias, especialmente en las mujeres.

A partir de la Sentencia T-501 de 2025 de la Corte Constitucional, se destaca el derecho de algunas personas dependientes a contar con un cuidador cuando su familia no puede asumirlo, pero se plantea un problema más profundo: quién cuida a quienes cuidan.En el país, el cuidado ha sido asumido como una tarea “natural” dentro del hogar, lo que ha llevado a invisibilizar su costo social y económico.

Según datos del DANE, alrededor de 3,3 millones de personas realizan labores de cuidado no remuneradas, en su mayoría mujeres, con impactos directos en su salud mental, ingresos y calidad de vida.

Además, el sistema de salud suele rechazar solicitudes de apoyo argumentando el deber de solidaridad familiar, lo que traslada la carga a hogares que muchas veces no tienen capacidad real.La Corte Constitucional ha insistido en que no basta con asumir que la familia puede cuidar, sino que debe evaluarse su situación concreta.Sin embargo, en la práctica el acceso a apoyo depende de tutelas, convirtiendo un derecho en un proceso judicial costoso y lento.

El texto también señala que Colombia no cuenta con una política pública integral de cuidado, a diferencia de países como Japón, Corea del Sur o Uruguay.Aunque existen avances como el sistema distrital de cuidado en Bogotá y la Ley 2297 de 2023, estos siguen siendo limitados.

El artículo concluye que el país necesita un sistema nacional de cuidado con financiación y reglas claras para evitar que el trabajo invisible siga sosteniendo el sistema a costa del empobrecimiento de las familias.