La columna de opinión de Carmen Soza aborda el debate generado por la propuesta de eliminar el pago de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años en Chile.

La medida, incluida en un proyecto de reconstrucción nacional, ha sido presentada como un acto de justicia hacia personas mayores que han visto aumentar el valor de sus propiedades sin un correlato en sus ingresos, lo que ha vuelto más difícil sostener el pago de impuestos asociados a su vivienda.

Sin embargo, la autora pone el foco en la reacción de los municipios, que han advertido una posible pérdida de ingresos relevantes para el financiamiento local, especialmente a través del Fondo Común Municipal.

Según se expone, el proyecto contempla compensaciones estatales para gran parte de la merma, aunque no cubre completamente lo que se considera ingreso propio permanente de las municipalidades.Soza argumenta que el debate ha evitado una discusión de fondo sobre el uso de los recursos municipales.

Señala que en los últimos años los ingresos por contribuciones han aumentado significativamente y que el impacto real de la exención sería relativamente bajo para la mayoría de las comunas.

A partir de cifras de la Contraloría, critica el alto nivel de gasto en celebraciones, eventos y servicios asociados, lo que, a su juicio, evidencia falta de eficiencia y prioridades poco claras en la administración local.

La columna sostiene que el problema no es solo financiero, sino de gestión: en lugar de revisar el gasto y mejorar su eficiencia, los municipios tienden a solicitar compensaciones adicionales.

Finalmente, plantea que aliviar a los adultos mayores es una medida legítima, pero que la sostenibilidad del sistema requiere también un ajuste interno del gasto público municipal y una mayor responsabilidad en la administración de los recursos.