Según un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras), el asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres en marzo de 2016 fue un crimen planificado y financiado con recursos del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

El documento, presentado en enero de 2026, señala que entidades como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) proporcionaron fondos que fueron desviados para pagar a sicarios y sostener una estructura criminal.

Los expertos determinaron que el homicidio no fue un acto aislado, sino el resultado de una persecución prolongada contra Cáceres por su oposición al proyecto que amenazaba el río Gualcarque.La investigación apunta a la responsabilidad de miembros de la familia Atala, accionistas mayoritarios de Desarrollos Energéticos S.A.(DESA), quienes coordinaron acciones de vigilancia, intimidación y, finalmente, el asesinato.Se identificaron desvíos de más de 12 millones de dólares de un total superior a los 18 millones destinados al proyecto.

Además, se documentó la participación de directivos de DESA, exmilitares y la omisión deliberada de autoridades hondureñas, que obstaculizaron la investigación y fabricaron pruebas falsas.

El informe destaca un entramado que combina intereses empresariales, financieros internacionales y corrupción estatal, configurando un crimen empresarial, financiero y político.

Organizaciones como el Copinh, Cejil y la CIDH respaldan estas conclusiones, que subrayan la impunidad y la colusión entre empresas y el Estado hondureño.