El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, impulsa una reforma política que tiene como eje central la posible eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara al calendario electoral.

La iniciativa, promovida especialmente por el entorno de Karina Milei, busca modificar el esquema de selección de candidatos con el objetivo de fortalecer la estrategia electoral oficialista rumbo a 2027 y mejorar su posición en el Congreso.

Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencias y negociaciones complejas con los gobernadores provinciales, incluso aquellos considerados “dialoguistas”.

Estos mandatarios se muestran dispuestos a discutir la suspensión de las primarias, pero no su eliminación definitiva, y plantean una serie de condiciones políticas a cambio de su apoyo legislativo.

Entre ellas, reclaman acuerdos de no agresión electoral, la posibilidad de mantener o mejorar su control territorial en las provincias y concesiones vinculadas a fondos, obras públicas y otras herramientas de gestión.

En el plano político, figuras como Patricia Bullrich y Diego Santilli están al frente de las negociaciones en el Congreso, intentando acercar posiciones entre el oficialismo y los distintos bloques provinciales.

También se analiza la incorporación de mecanismos como las listas colectoras y cambios en la Boleta Única de Papel, lo que podría reconfigurar la competencia electoral.El debate también involucra a aliados como el PRO y la UCR, que rechazan la eliminación total de las PASO aunque admiten posibles reformas.

Mientras tanto, distintos gobernadores buscan maximizar su margen de maniobra de cara a sus propias reelecciones o sucesiones locales, lo que convierte la reforma en una negociación de alto contenido político y territorial.

En este contexto, el Gobierno apuesta a lograr consensos que le permitan avanzar con la reforma antes del cierre del año legislativo, aunque el resultado final dependerá de las concesiones mutuas entre la Casa Rosada y las provincias.