El Gobierno argentino presentó los lineamientos de su política nuclear para 2026, marcando un cambio relevante en la estrategia histórica del sector.El documento, elaborado por la Secretaría de Asuntos Nucleares, propone incorporar al sector privado —incluyendo inversión extranjera— como socio estratégico en actividades con potencial comercial.

Esta decisión implica un giro respecto al modelo tradicional basado en la soberanía tecnológica y el desarrollo estatal, priorizando ahora las exportaciones de alto valor agregado, la sustentabilidad financiera y la validación comercial de los proyectos.

La nueva doctrina plantea que la investigación científica deberá orientarse a objetivos productivos concretos, lo que generó críticas dentro de la comunidad científica por el riesgo de relegar la investigación básica y limitar la innovación a largo plazo.También se promueve el uso de asociaciones público-privadas y criterios de rentabilidad económica en la evaluación de iniciativas nucleares.

En paralelo, el Gobierno habilitó mecanismos que podrían derivar en la participación privada sobre activos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), lo que incrementó las tensiones con el sector científico.

A esto se suman controversias por declaraciones oficiales sobre reservas de uranio y cuestionamientos hacia el funcionamiento histórico del sistema nuclear.

El contexto internacional también influye en la estrategia, con tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China que impactan en la cooperación nuclear argentina.Mientras se buscan inversiones externas, persisten dudas sobre el futuro de proyectos clave como el reactor CAREM.

En conjunto, las medidas reflejan una redefinición del rol del Estado en un área considerada estratégica para el desarrollo tecnológico y energético del país.