El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades impulsado por el economista Federico Sturzenegger que propone una profunda desregulación del funcionamiento de las empresas en Argentina.

La iniciativa busca eliminar o reducir una serie de controles estatales que actualmente ejercen organismos como la Inspección General de Justicia (IGJ) y los registros públicos, modificando así el esquema de supervisión sobre las sociedades comerciales.

Según el texto, también se habilitarían mayores márgenes de autonomía para las empresas en la resolución de conflictos, incluso permitiendo en ciertos casos recurrir a legislaciones extranjeras, lo que ha generado debate sobre la soberanía regulatoria y el rol del Estado en la actividad económica.

El proyecto se enmarca dentro de una agenda más amplia de desregulación promovida por el Gobierno, orientada a simplificar normativas, reducir la intervención estatal y fomentar un entorno considerado más atractivo para la inversión privada.

Sin embargo, distintos sectores han planteado objeciones, advirtiendo que la eliminación de controles podría debilitar mecanismos de transparencia y fiscalización, con posibles impactos en la protección de acreedores, trabajadores y minoritarios dentro de las sociedades.

En el Congreso, la propuesta deberá atravesar un debate legislativo en el que se anticipa una fuerte discusión entre quienes apoyan la flexibilización del régimen societario como vía para dinamizar la economía y quienes sostienen que el Estado debe mantener un rol activo en la regulación empresarial.El alcance de los cambios propuestos convierte a esta iniciativa en uno de los proyectos económicos más relevantes del período.