El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado la incorporación de unas 800 viviendas pertenecientes a la Tesorería General de la Seguridad Social al parque público de alquiler asequible a través de la empresa estatal Casa 47.

Esta decisión llega en un contexto de creciente presión por parte del Sindicato de Inquilinas, que ha llevado a cabo protestas y encierros en la sede de la Seguridad Social para exigir la paralización de desahucios y subastas de estas viviendas.

Según el Ministerio, el acuerdo ya estaba previamente cerrado, aunque desde el colectivo denuncian que el Gobierno no ha cumplido compromisos anteriores y que incluso se han seguido ejecutando procesos de venta y desalojo.

Las viviendas afectadas, ubicadas en barrios de Madrid como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico, habían sido gestionadas en su origen por programas públicos de alquiler como la Sociedad Pública de Alquiler impulsada en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con el paso del tiempo, estos inmuebles han pasado a la gestión de la Seguridad Social, y los inquilinos denuncian subidas de alquiler y falta de renovación de contratos, lo que ha generado una situación de incertidumbre habitacional.

El acuerdo contempla también la paralización de subastas y ventas de estos activos públicos, con el objetivo de garantizar su uso como vivienda asequible.El Sindicato de Inquilinas considera insuficiente la medida si no se detienen los desahucios y se garantiza la permanencia de las familias afectadas.El conflicto se enmarca en un contexto más amplio de tensión por el acceso a la vivienda en grandes ciudades españolas.