Una resolución de la Secretaría de Transporte confirmó cambios en el sistema de subsidios destinados a cubrir pasajes gratuitos para personas con discapacidad y sus acompañantes.

La medida generó fuertes críticas de organizaciones sociales, familiares y sectores de la oposición, que consideran que el Gobierno de Javier Milei prioriza el ajuste fiscal por encima de derechos garantizados por ley.Según la nota, el Estado ya redujo gastos por alrededor de 27 mil millones de pesos desde el inicio de la gestión libertaria.

El beneficio permitía a personas con discapacidad viajar sin costo en servicios de transporte de larga distancia, un derecho respaldado por legislación nacional.

Aunque varias empresas de transporte aseguraron que continuarán brindando los pasajes, también reclamaron que el Gobierno mantiene una deuda millonaria con el sector y advirtieron sobre la dificultad de sostener el sistema sin compensaciones económicas.El artículo enmarca esta decisión dentro de una política general de recorte del gasto público impulsada por la administración nacional.

Distintos referentes sociales denunciaron que las medidas afectan especialmente a sectores vulnerables y remarcaron las complicaciones que enfrentan muchas familias para acceder a tratamientos médicos, educación o actividades cotidianas.

La noticia también aparece acompañada de otros temas de la agenda política y económica argentina, entre ellos conflictos sindicales, crisis empresarias y debates legislativos vinculados al oficialismo.En ese contexto, el caso volvió a instalar la discusión sobre el alcance del ajuste fiscal y sus consecuencias sociales.