La administración central redujo en abril la llamada deuda flotante en aproximadamente 1,2 billones de pesos respecto de marzo, luego de atravesar la revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este comportamiento estuvo vinculado a una dinámica habitual en contextos de metas fiscales con el organismo: durante los períodos de evaluación, los gobiernos suelen demorar pagos a proveedores para mejorar el resultado fiscal “base caja”, que es el criterio que utiliza el FMI.Una vez superada la revisión, los pagos se normalizan y la deuda exigible comienza a descender.

Según datos de la Tesorería General de la Nación, la deuda exigible de la Administración Central había mostrado fuertes oscilaciones en los últimos meses: pasó de 1,9 billones en febrero a 4 billones en marzo, para luego bajar a casi 2,8 billones en abril.Aun así, el acumulado anual sigue por encima de los niveles de inicio de año, con un incremento de más de 1 billón de pesos.El artículo también señala que el FMI permite cierto margen para este tipo de pasivos, aunque con un límite del 10% del gasto corriente.

En paralelo, se mencionan tensiones en la ejecución del gasto público durante marzo, con demoras en pagos a sectores como salud, transporte y organismos previsionales.Prestadores del PAMI y la ANSES habían reportado retrasos, mientras que empresas de transporte denunciaron demoras en subsidios.

Con la normalización de los pagos en abril, el Gobierno buscó estabilizar la relación con proveedores y recomponer el flujo habitual del gasto público, en un contexto de cumplimiento de metas fiscales y control del déficit.