El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la reforma laboral mediante distintos decretos publicados en el Boletín Oficial, con el objetivo de modernizar el marco normativo del trabajo en Argentina.

La medida introduce cambios relevantes en la registración del empleo, la confección de recibos de sueldo, los regímenes de licencias médicas, los procesos de desvinculación laboral y los trámites jubilatorios, con un enfoque orientado a la digitalización y simplificación administrativa.

Entre los puntos centrales se destaca la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones en determinados casos, cuya implementación comenzará a regir en noviembre.

Además, se puso en marcha un régimen de regularización de trabajadores no registrados o parcialmente registrados, conocido como Programa de Empleo Registrado (PER), que incluye beneficios para empleadores como la condonación de deudas por aportes impagos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la reforma al señalar que el sistema laboral argentino estaba basado en normas diseñadas para un contexto económico y productivo que ya no existe.

En ese sentido, sostuvo que las nuevas reglas buscan promover la libertad sindical, mejorar la formalización del empleo y reducir la burocracia en la relación laboral.

Desde el Ejecutivo también se remarcó que la reforma apunta a incentivar la contratación formal, flexibilizar ciertos procesos administrativos y adaptar la legislación a un mercado laboral más dinámico.

Sin embargo, las medidas generan debate político y económico respecto a su impacto en los derechos laborales, la recaudación previsional y la relación entre sindicatos, empresas y el Estado.