La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno analizará las licitaciones de suelo público que está realizando el Ayuntamiento de Madrid, ante la preocupación por el destino de estos terrenos.

Según la ministra, en la capital se estarían cediendo parcelas públicas de alto valor a promotoras privadas bajo el argumento de construir vivienda asequible, pero con condiciones que permitirían su venta o transformación en pocos años, lo que podría implicar una pérdida de patrimonio público destinado a vivienda social.

Rodríguez ha señalado que este modelo recuerda a prácticas anteriores, como las ventas realizadas durante el mandato de Ana Botella, cuando se enajenaron miles de viviendas públicas a fondos de inversión por debajo de su valor de mercado, según su versión.

La ministra ha explicado que, en algunos casos, el suelo público donde podrían construirse cientos de viviendas protegidas se entrega a empresas privadas a cambio de un número reducido de pisos asequibles, lo que reduce la capacidad de las administraciones para ampliar el parque público de vivienda.

Además, ha extendido sus críticas a otros territorios, como la Comunidad Valenciana, donde también se habrían utilizado fórmulas de permuta similares.En paralelo, el Ministerio de Vivienda plantea actuar sobre las más de 111.

000 viviendas turísticas ilegales detectadas en España, proponiendo que las comunidades autónomas las adquieran o gestionen para destinarlas al alquiler asequible.El objetivo, según el Gobierno, es aumentar la oferta de vivienda accesible y reducir el déficit habitacional.Este debate se enmarca en la creciente tensión política sobre la gestión del suelo y el acceso a la vivienda en España.