El juicio por la conocida como operación Kitchen entra en su fase final con los informes conclusivos de las partes, en los que la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción han sostenido que el operativo policial ilegal tuvo como finalidad principal obstaculizar la investigación del caso Gürtel y proteger a altos cargos del Partido Popular durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Según la Abogacía del Estado, la operación no puede entenderse como una simple investigación sobre el patrimonio del extesorero del PP, Luis Bárcenas, sino como una actuación orientada a obtener y destruir documentación sensible, especialmente grabaciones que podrían comprometer a dirigentes del partido.

Durante la vista, se ha señalado al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como figura clave en la planificación y seguimiento del dispositivo, que habría operado al margen de la autoridad judicial mediante una estructura paralela dentro del Ministerio del Interior.

Asimismo, se han descrito presiones ejercidas desde mandos policiales sobre agentes implicados en la investigación del caso Gürtel, como el inspector Manuel Morocho, con el objetivo de condicionar su trabajo.

Las acusaciones también apuntan a que existía una preocupación en el entorno del Gobierno por el material que pudiera poseer Bárcenas, lo que habría motivado la puesta en marcha de la operación.

Se ha descrito el caso como una estrategia sistemática de interferencia en una investigación judicial en curso, con el fin de proteger intereses políticos y obstaculizar el avance del caso de corrupción.La defensa, por su parte, ha rechazado estas conclusiones, pero el proceso queda visto para sentencia tras la presentación de los informes finales.