La organización del Mundial de fútbol en Estados Unidos se está viendo condicionada por un clima político y migratorio especialmente restrictivo bajo la administración de Donald Trump.

Aunque el torneo pretende presentarse como una celebración global con 48 selecciones y millones de aficionados, la realidad en las ciudades anfitrionas está marcada por controles reforzados, limitaciones en la concesión de visados y un aumento de la actividad de las autoridades migratorias, incluido el ICE.

Diversos colectivos de trabajadores y comunidades latinas han expresado preocupación por posibles redadas en los entornos de los estadios y por el tratamiento de datos personales de empleados vinculados al evento.

En algunos casos, sindicatos y organizaciones de derechos civiles han solicitado investigaciones sobre la gestión de información sensible y las garantías de seguridad para los trabajadores.La incertidumbre también afecta a aficionados y delegaciones internacionales.

Personas procedentes de países como Irán, Haití, Senegal o Costa de Marfil han tenido dificultades para obtener visados, y algunos miembros de delegaciones deportivas han recibido permisos de entrada con retrasos o restricciones.

Incluso se han registrado casos de profesionales acreditados, como árbitros, a los que se les ha denegado la entrada en territorio estadounidense pese a contar con documentación válida.

Este contexto está teniendo efectos económicos y logísticos, con previsiones de menor ocupación hotelera en varias sedes y una demanda internacional inferior a la esperada.

La tensión entre la narrativa de un evento festivo global y la política de control fronterizo genera incertidumbre sobre el desarrollo del campeonato.