Ángel Sánchez, recién nombrado director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León tras la formación del nuevo gobierno autonómico de PP y Vox, ha generado polémica por sus declaraciones sobre la prevención de incendios durante el invierno.

Durante una jornada informativa celebrada en León, Sánchez cuestionó la conocida afirmación de que los incendios se apagan en invierno mediante trabajos preventivos, argumentando que la magnitud de la superficie forestal de la comunidad hace económicamente inviable actuar de forma generalizada sobre todo el territorio.

Según explicó, Castilla y León cuenta con más de 5,1 millones de hectáreas forestales y el coste de los tratamientos preventivos podría alcanzar miles de millones de euros.

También destacó que una gran parte de estos terrenos son de propiedad privada, por lo que la legislación atribuye a sus propietarios parte de la responsabilidad sobre su mantenimiento.

Las declaraciones han sido comparadas con otras realizadas anteriormente por responsables de la Consejería de Medio Ambiente, especialmente por el exconsejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien en el pasado minimizó la necesidad de mantener dispositivos permanentes de prevención.

El nombramiento de Sánchez se produce tras varias campañas de incendios especialmente graves en la comunidad, algunas con importantes daños ambientales, evacuaciones y víctimas mortales.

El debate reabre la discusión sobre el papel de la prevención forestal, la financiación pública de estas actuaciones y las responsabilidades compartidas entre administraciones y propietarios de terrenos forestales.