El Parlament de las Illes Balears ha aprobado una amplia ley ómnibus promovida por el Govern de Marga Prohens (PP) con el apoyo de Vox.La norma, que inicialmente se presentó como un mecanismo para agilizar proyectos estratégicos, terminó convirtiéndose en una macroley que modifica cerca de 70 leyes, decretos y reglamentos autonómicos mediante centenares de enmiendas incorporadas durante su tramitación parlamentaria.

Entre las medidas más destacadas se encuentra el endurecimiento de los requisitos para acceder a ayudas sociales como la renta social garantizada, exigiendo tres años de residencia legal continuada en Baleares y una mayor vinculación con la búsqueda activa de empleo.

También se crea una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Okupación Ilegal y se amplían las sanciones relacionadas con prestaciones sociales.

La ley introduce además cambios urbanísticos y administrativos orientados a agilizar licencias y facilitar inversiones privadas, incluyendo procedimientos simplificados y una mayor participación de entidades externas en la validación técnica de proyectos.

Parte de la oposición considera que estas medidas favorecen la especulación inmobiliaria y reducen controles públicos en un contexto de fuerte presión turística y residencial.

En materia lingüística, la norma flexibiliza el requisito de conocimiento de catalán para determinados puestos públicos y directivos relacionados con proyectos estratégicos.

También se modifica la normativa de policías locales para permitir que los ayuntamientos reserven hasta un 20% de plazas a militares de tropa y marinería con experiencia previa.

Los grupos de izquierdas y nacionalistas han criticado tanto el contenido de la ley como el procedimiento utilizado, acusando al PP y Vox de introducir reformas estructurales sin debate específico mediante una ley ómnibus.Por su parte, el Govern defiende que la norma permitirá reducir burocracia, atraer inversiones y modernizar la administración autonómica.