El Partido Popular (PP) ha introducido cinco reformas urbanísticas sin control legal mediante enmiendas en las Corts Valencianes, lo que permite al Consell evitar las alegaciones de organismos como la Abogacía o el CES.

Entre las modificaciones destacan la prórroga de memorias ambientales caducadas, una amnistía urbanística para viviendas ilegales construidas después de 2014, y la posibilidad de que promotores privados ejecuten planes de reconstrucción tras la dana.

Estas enmiendas, que no requieren examen previo, generan críticas por su falta de transparencia y por permitir prácticas que podrían afectar el ordenamiento territorial.

La medida abre la puerta a una mayor flexibilidad en la regulación de usos industriales en suelos no urbanizables, aunque elimina requisitos mínimos de superficie.

La iniciativa refleja una tendencia a simplificar procesos legislativos para impulsar proyectos urbanísticos sin revisión exhaustiva, lo que plantea cuestiones sobre la legalidad y el impacto social de estas modificaciones.