El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el conocido como caso de las mascarillas, derivado de la gestión de contratos de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19.

En su resolución, el alto tribunal condena al empresario Víctor de Aldama por delitos de organización criminal y cohecho, pero le exime de tener que devolver la comisión de 3,7 millones de euros que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba como responsabilidad civil.En su lugar, los magistrados solo le obligan al decomiso solidario de 430.298 euros, cantidad vinculada directamente a las ganancias obtenidas en los contratos adjudicados por Puertos del Estado y ADIF.

La sentencia detalla que Aldama, junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, participó en una trama de adjudicaciones irregulares de mascarillas aprovechando la urgencia sanitaria del momento.

Según el fallo, se utilizaron influencias y contactos para favorecer a la empresa Soluciones de Gestión en contratos públicos, obteniendo comisiones millonarias.

Sin embargo, el tribunal descarta condenarle por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, lo que reduce significativamente su responsabilidad económica.

Además, el Supremo ha tenido en cuenta la colaboración de Aldama con la justicia, lo que ha permitido la suspensión de la ejecución de su pena de prisión a cambio de no reincidir y realizar trabajos comunitarios, evitando así su ingreso en prisión.

En la misma resolución, el tribunal impone penas más severas a los principales responsables políticos del caso, incluyendo 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y 8 meses para Koldo García.

El fallo también subraya que las comisiones totales obtenidas por Aldama en distintas operaciones relacionadas con mascarillas podrían superar los 6,6 millones de euros, aunque solo una parte de estas operaciones ha sido objeto del procedimiento judicial analizado por el Supremo.