El Tribunal Supremo ha decidido reabrir el debate jurídico en torno a la devolución del conocido como “céntimo sanitario”, un impuesto aplicado entre 2013 y 2018 que fue posteriormente anulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha elevado a pleno ocho recursos presentados por empresas petroleras contra sentencias de la Audiencia Nacional que les negaban el derecho a recuperar las cantidades abonadas, al considerar que el tributo había sido repercutido a los consumidores finales.

El caso ha dado un giro relevante en la posición del Alto Tribunal, que inicialmente había devuelto estos recursos a la Audiencia Nacional para que se determinara quién había asumido realmente el coste del impuesto.

Sin embargo, en una reciente sentencia de enero, el Supremo cambió de criterio y falló a favor de una de las compañías afectadas, obligando al Estado a indemnizar con 155 millones de euros a Galp.Esta decisión ha abierto la posibilidad de que otras empresas del sector reclamen compensaciones similares.

La Abogacía del Estado ha reaccionado anunciando su intención de llevar el asunto al Tribunal Constitucional, argumentando el riesgo de un posible “enriquecimiento injusto” de las compañías petroleras.Según estimaciones de la Federación de Transporte por Carretera, el impacto económico total de las reclamaciones podría alcanzar los 5.000 millones de euros.

El conflicto jurídico se centra en determinar si las petroleras pueden ser consideradas las legítimas beneficiarias de la devolución de un impuesto que, en la práctica, fue trasladado al precio final del combustible pagado por los consumidores.