El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado que la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo desvió 40 millones de euros provenientes de primas de seguros para bomberos a partidas no relacionadas con la prevención y extinción de incendios.

Este dinero, recaudado entre 2019 y 2023 por el gobierno regional, estaba destinado específicamente a mejorar los servicios de emergencia contra incendios.El sindicato CSIT Unión Profesional denunció que estos recursos se utilizaron en gastos como renting, sin beneficio para la seguridad ciudadana.La sentencia ordena que los fondos sean invertidos exclusivamente en el Cuerpo de Bomberos, evitando su dilución en organismos generales.

La falta de inversión ha generado problemas estructurales: más de 40 vehículos inoperables, escasez de equipos especializados y infraestructuras en mal estado.El sindicato advierte que esta situación compromete la respuesta ante emergencias y pone en riesgo la vida de las víctimas.

La decisión refleja el impacto negativo de la gestión fiscal del gobierno autonómico, cuestionado por su falta de transparencia en la asignación de recursos públicos.