La propuesta de ley de Identidad y Domicilio presentada por el régimen cubano ha generado reacciones mixtas entre los emigrados.Muchos expresan indiferencia desafiante, afirmando que su carné de identidad ya no les importa.Otros sospechan que la norma busca apoderarse de sus propiedades o imponer cobros en dólares.La medida obliga a los ciudadanos a mantener actualizada su inscripción, pero no clarifica la situación de quienes viven en el exterior.Comentadores cuestionan la viabilidad práctica de la ley en un contexto de escasez de recursos y conexión a internet.

Algunos ven en la norma un intento de presionar a los emigrados para que regresen temporalmente, mientras que otros critican la contradicción de pedir su participación en la recuperación económica del país mientras se complican sus derechos legales.

La ley, que podría ser aprobada el 29 de julio, se suma a la Ley 171 de Migración, ampliando los poderes del MININT sobre la movilidad de los cubanos.Los emigrados recuerdan que perder bienes y documentos al salir de Cuba no es novedad, lo que refuerza su desconfianza hacia el proyecto.