El sector empresarial guatemalteco, liderado por el Cacif y la Cámara de Industria (CIG), presentó acciones de inconstitucionalidad contra el acuerdo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) que establece una consulta comunitaria al pueblo maya ixil de San Juan Cotzal sobre el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo.

Las entidades argumentan que el acuerdo vulnera la certeza jurídica y el Estado de Derecho, al exceder la competencia del MEM y desconocer acuerdos previos.

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente el acuerdo mientras analiza las acciones legales presentadas por empresarios y generadores de energía.El objetivo es restablecer el orden constitucional y evitar afectaciones a proyectos de inversión.La consulta, según el MEM, busca respetar los derechos indígenas, pero las empresas consideran que se ignora el marco legal vigente.La situación refleja tensiones entre el desarrollo económico y los derechos comunitarios en Guatemala.