La noticia aborda el daño causado por errores judiciales y detenciones arbitrarias, destacando cómo estos fallas en el sistema de justicia afectan tanto a la víctima como a la sociedad.

La autora, Priscilla Falconi Avellán, comparte su experiencia personal con una orden de prisión injusta, señalando que la arbitrariedad judicial no es un problema aislado, sino una amenaza para la libertad de todos.

Se menciona el caso de Priscila Burneo, quien enfrentó un proceso penal durante tres años con restricciones como un grillete electrónico, sin que se le dictara una sentencia condenatoria.

Aunque la Fiscalía retiró la acusación al no acreditar su responsabilidad, el proceso ya generó daños irreversibles como angustia, gastos y restricciones.

La Constitución establece que el Estado debe responsabilizar a los funcionarios por errores judiciales, pero la reparación económica no puede compensar el tiempo, la tranquilidad o la libertad perdidos.

La autora concluye que una sociedad solo puede vivir en libertad si confía en que el sistema justicial garantiza la sanción al culpable y la protección al inocente.

El texto también menciona la crisis de credibilidad en las elecciones seccionales de 2026 y la necesidad de reformas para evitar que el sistema de justicia se convierta en fuente de injusticia.