La jueza María Tardón del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional detectó indicios de manipulación en documentos presentados por el bufete Ilocad SL (asociado a Baltasar Garzón) como base para una querella contra exdirectivos de Pdvsa.

Los documentos, relacionados con contratos millonarios de Bariven, mostraron alteraciones como borrados y firmas anómalas, lo que sugiere posibles modificaciones posteriores.El caso se remonta a 2017 cuando la petrolera venezolana inició una acción penal contra exfuncionarios en Madrid, acusados de desfalco público.Fuentes revelaron que esta maniobra fue pilotada por Delcy Rodríguez, entonces ministra, para proteger intereses de Pdvsa.

La investigación aborda la posible corrupción y el uso indebido de documentos legales, generando preocupación sobre la transparencia en procesos judiciales internacionales.Este caso refleja los desafíos de la justicia española al enfrentar casos complejos con implicaciones políticas y económicas en Venezuela.