El Gobierno de España ha recibido un total de 1.174.000 solicitudes de migrantes que buscan acogerse a un proceso extraordinario de regularización, impulsado como una medida excepcional de política migratoria.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de la mitad de estas solicitudes ya han sido admitidas a trámite, lo que implica que un número significativo de personas ya cuenta con una autorización temporal para residir y trabajar en el país mientras se completa el proceso administrativo.Este procedimiento estuvo abierto para la recepción de solicitudes entre el 16 de abril y el 30 de junio de 2026.

Durante ese periodo, diversas organizaciones sociales, partidos políticos y colectivos de apoyo a migrantes solicitaron una ampliación del plazo, argumentando que los trámites burocráticos dificultaban que muchas personas pudieran completar correctamente su solicitud dentro del tiempo establecido.La medida fue aprobada mediante un real decreto del Gobierno y se originó a partir de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 600.000 firmas, aunque había quedado estancada previamente en el Congreso por falta de consenso político.

Inicialmente, se estimaba que el beneficio alcanzaría a alrededor de medio millón de personas, pero la cifra final de solicitudes ha superado ampliamente esa previsión.

Para optar a la regularización, los solicitantes debían demostrar residencia en España antes de una fecha determinada, haber mantenido una permanencia continua de al menos cinco meses en el país, no contar con antecedentes penales y presentar documentación que acreditara su situación, incluyendo certificados de residencia, antecedentes y, en algunos casos, informes de vulnerabilidad emitidos por organizaciones sociales acreditadas.

El proceso ha generado debate político en España, con apoyo de partidos de izquierda y organizaciones humanitarias, mientras que sectores de derecha han expresado su rechazo a la medida.