El gobierno de Donald Trump anunció la implementación de aranceles entre 10 y 12.5 por ciento a 60 países, acusados de no tomar acciones suficientes contra el trabajo forzado.

Estos gravámenes reemplazan a los anteriores y son parte de una estrategia comercial más difícil de desafiar legalmente, en contraste con herramientas anteriores que enfrentaron rechazos judiciales.

La medida se basa en la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA), que prohíbe la entrada de bienes producidos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China.No requiere pruebas de explotación laboral, solo que un producto contenga componentes de esa región o de entidades en listas negras arbitrarias.Esta acción forma parte de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, buscando frenar el ascenso económico chino.La administración republicana prioriza intereses geopolíticos sobre derechos laborales, como se manifestó en declaraciones previas al anuncio.

La medida se enmarca en la política comercial de Trump, que busca mantener el control sobre cadenas de suministro globales, a pesar de sus conflictos internacionales como la situación en Irán.