La violencia en Colombia ha cambiado de forma, pero no ha desaparecido, y continúa siendo un factor decisivo en la política electoral del país.Aunque la firma del acuerdo de paz en 2016 con las FARC marcó un punto de inflexión y redujo significativamente los niveles de conflicto armado abierto, la violencia no terminó, sino que se fragmentó en múltiples actores armados con diferentes dinámicas, incluyendo disidencias guerrilleras, grupos narcotraficantes, estructuras de extorsión y exparamilitares.

En este contexto, el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en 2025, atribuido por la Fiscalía a una disidencia de las FARC conocida como la Segunda Marquetalia, reavivó en la opinión pública colombiana la sensación de retroceso a épocas más violentas de las décadas de 1980 y 1990.Este hecho tuvo un fuerte impacto simbólico en medio de una campaña electoral ya marcada por la inseguridad.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, se impulsó la política de “Paz Total”, orientada a negociar con todos los grupos armados activos, pese a sus diferencias internas y objetivos diversos.

Sin embargo, los resultados han sido limitados y la violencia ha seguido manifestándose de manera dispersa y menos estructurada, lo que dificulta su control estatal.

A pesar de los avances en reducción de homicidios y la ausencia de un conflicto armado único como el del pasado, la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas.En el contexto electoral, esto ha desplazado el debate programático hacia discursos centrados en el orden público y el miedo al adversario político.Así, la violencia, aunque transformada, continúa moldeando las prioridades y el rumbo de las elecciones en Colombia.